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EL LAICISMO COMO GARANTÍA DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO

por Luis Bernardo Díaz (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC-Tunja)
 

La ponencia introduce la discusión entre Estado laico y Estado confesional, asumiendo una postura a favor de la primera. Destaca las características del mismo, así como las deficiencias que se presentan en el caso de intromisión indebida de las religiones en las políticas públicas. Finalmente, demuestra dos estudios de caso, uno referente a la capilla de la UPTC y otro sobre la obligación de dictar religión en los colegios, que fueron atacados mediante acciones judiciales.


El tema tiene gran vigencia: el caso del Procurador y los ataques por el video islamófobo que han generado muertes de estadounidenses, incluyendo al embajador en Bengassi. El caso Pussy Riot, donde las chicas que se tomaron la Iglesia ortodoxa de Moscú le pedía a la virgen que se llevara a Putin, siendo inicialmente condenadas, por la amnistía de final del 2013 fueron excarceladas. Está la toma de la capilla y el desnudo respectivo en la Universidad Complutense de Madrid. Recientemente, la Corte Constitucional prohibió a los jueces en sus sentencias escribir citas bíblicas. También el Consejo de Estado ha establecido límites en decibeles a los templos cristianos. Recordamos las diferentes manifestaciones de las iglesias contra la sentencia de la Corte Constitucional en materia del matrimonio LGBTI y también del aborto.


LA TENSIÓN ENTRE ESTADO LAICO Y LIBERTAD RELIGIOSA

Resulta de la mayor importancia pronunciarnos en estos momentos frente a posiciones como la del Procurador de Colombia o del expresidente Uribe Vélez. No podemos confundir el laicismo con la libertad de pensamiento, o de conciencia o de religión o culto.

Cada una de ellas despliega su propio abanico de posibilidades dentro de los Tratados Internacionales, como la DUDH o el PIDCYP, así como en la propia Carta Política. Sin embargo, algo en lo cual los DDHH han insistido desde la Ilustración ha sido en la separación entre Iglesia y Estado.

Ya un gran luchador por el laicismo, Jean Jaurés, se oponía contra la oquedad que invocaba la Iglesia Católica al señalar que la educación pública debería ser “neutra”, como ausencia de valores. Jaurés diría que la neutralidad significa que el estado y los poderes públicos ni se identifican con unos determinados valores, ni apoyan más a unos que a otros.

Figuras como las capillas en los centros públicos (hospitales, cuarteles, universidades, etc.), así como la presencia de una sola confesión (curialato castrense, por ejemplo), o fiscalidad exentiva para la comunidad católica exclusivamente, podríamos decir que violan el principio de laicidad.

La educación pública ligada a una sola confesión también. Por ello demandé en su momento el Decreto 4500 de Uribe Vélez sobre obligatoriedad de las clases de religión en colegios públicos.

En el mundo anglosajón el laicismo se asimila a secularismo. La secularización no se debe confundir con la figura del derecho canónico en cuanto indica el regreso al mundo secular sin renuncia total al estado religioso.

La cultura laica nos refiere la emancipación de la filosofía y de la moral respecto a la religión. El iluminismo va en esa vía, luego del oscurantismo medieval de los siglos IV al XIV. La mentalidad laica se consolidó en el S. XVIII reivindicando la razón sobre la magia o lo misterioso. Esta cultura laica rechaza la verdad revelada, absoluta y definitiva, afirmando la libre búsqueda de las verdades relativas, valiéndose del examen crítico, la discusión y la experimentación. El que domina, denomina. O el que denomina, domina, como diría Pisani, en un tema abstruso como la inflación.

El laicismo es un método que se orienta a desenmascarar las ideologías omnicomprensivas dominantes.

El Estado laico será otra vertiente, que repara en la separación Estado-Iglesias y que inadmite el confesionalismo oficialista. Aquí se hablará de autonomía de la institucionalidad política respecto a los magisterios eclesiásticos y la libertad de los ciudadanos frente a ambos podres, pudiendo optar por una confesión u otra, o por ninguna, sin que de ello se derive sanción alguna. Aún quedan teocracias en el mundo, como Irán o Israel.

La teoría del Estado laico se basa en una concepción secular y no sacra del poder político como actividad autónoma respecto de las confesiones religiosas. Sin embargo, se parte de una igualdad de las mismas frente al estado. No es el laicismo anticlerical per se, sino respetuoso de la libertad de cultos. Sin embargo, es innegable el gran poder de la Iglesia en América Latina, donde fenómenos como el aborto, el matrimonio gay, o la eutanasia, hace coincidir a la mayoría de los credos en su rechazo. Las posiciones del Papado o de la Conferencia Episcopal son noticia, generalmente ubicadas en las zonas más derechistas del ideario político, con excepción de la denominada teología de la liberación o los modernos ecologismos teologales línea Boff o Casaldáliga.

Locke decía que “toda iglesia es ortodoxa para sí misma, y errónea o herética para las demás”.

Tocqueville en La Democracia en América expresó: “Las religiones deben de ser capaces de delimitar su propia esfera de acción. Mahoma, por ejemplo, hizo descender del cielo y puso en el Corán no sólo doctrinas religiosas sino también máximas políticas, leyes civiles y penales y teorías científicas. El Evangelio, en cambio, habla sólo de las relaciones de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Entre miles de razones, esta sola bastaría para demostrar que la primera de estas dos religiones no podrá dominar por largo tiempo en épocas de civilización y de democracia”.

Como dijo Bobbio: “El laicismo del Siglo XIX influyó en grupos culturales y políticos dispares, desde los protestantes liberales hasta los católicos galicanos, esa la polémica confesional fue sostenida sobre todo por los librepensadores ligados a la masonería”. Emile Zola y Anatole France quedan como buenos recuerdos.

Dijo Croce que la Iglesia Romana colocaba en un mismo haz al protestantismo, a la masonería y al liberalismo

Weber en Economía y sociedad nos habla de “desacralización de la sociedad moderna”. El Estado liberal moderno reduce sus competencias laicas a respetar a las organizaciones religiosas en sus fueros internos, con los prerrequisitos de legalidad como tratados internacionales, etc., frente a temas como los efectos de las uniones maritales, divorcios y otros de las familias, así como valorarlos en su esencia de grupos políticos, aceptando su postulación como partidos que aspiran a las corporaciones o a la Jefatura del estado, alcaldías o gobernaciones, como ha sucedido con la presencia de organizaciones cristianas o la de Corsi denominada “laicos por Colombia”, cuya plataforma se centraba en las parroquias. Es clave para un ciudadano/a entender este fenómeno y así no incurrir en errores procedimentales en su vida.

La religión civil se enfrenta a la fe tradicional. La incompatibilidad es clara: no se tolerarán aquellas religiones que sean a su vez intolerantes con las demás, puesto que .-como dice Rousseau- “es imposible vivir en paz, intolerantes con las demás, puesto que “es imposible vivir en paz con gentes a las que se cree condenadas; amarlas sería odiar a Dios que las castiga”; y tampoco se permitirán aquellas religiones cuyos dogmas sean contrarios a los deberes del ciudadano.

Efectivamente, “para Rousseau, el Estado debe preocuparse por la religión desde el punto de vista de las consecuencias que siguen a las diferentes formas de creencia, ni de sus contenidos”, por lo que no se va a entrometer, en principio, en la fe religiosa del individuo. Así, leemos en el Contrato Social que el derecho que recibe el soberano con respecto a los súbditos no debe exceder los límites de la utilidad pública, por lo que éstos no tendrán que dar cuenta al soberano de sus opiniones y de los dogmas en los que creen, toda vez que “como no tiene competencia en el otro mundo, cualquiera que sea la suerte de los súbditos en la vida privada no es asunto suyo, con tal que sean buenos ciudadanos aquí abajo”.

La idea de religión civil en Rousseau choca de frente con el cristianismo. Usando argumentos cercanos a Maquiavelo, el filósofo ginebrino reprocha a los cristianos que se centren tan sólo “en las cosas del cielo”, que su patria no sea de este mundo y que “les importe poco que todo vaya bien o mal aquí abajo”. A lo que añade que el cristianismo no predica más que servidumbre y dependencia, que su espíritu es demasiado favorable para que un Catilina o un Cromwell no lo aprovechen siempre; en definitiva, “los verdaderos cristianos están hechos para ser esclavos; lo saben y no se conmueven apenas por ello; esta breve vida tiene poco valor a sus ojos”.

Quizá resulte provechoso citar a Grayling (“Contra todos los dioses), cuando dice: “Ha llegado la hora de subvertir la idea de que el credo religioso merece respeto por sí mismo, y de que debería tratárselo con guantes de seda. Ha llegado la hora de rechazar tener que andar de puntillas al pasar junto a las personas que reclaman respeto, consideración, un trato especial o cualquier otra forma de inmunidad, por el simple hecho de tener fe religiosa, como si tener fe fuera una virtud privilegiada, como si fuera más noble creer en afirmaciones sin fundamento y en antiguas supersticiones.

“Ha llegado la hora de decirles en voz alta a los creyentes que sus decisiones personales son irracionales, y que sus elecciones en la esfera privada suelen ser dudosas, como ocurre con otras preferencias íntimas. Todo el mundo es libre de creer lo que quiera, siempre y cuando no moleste (ni coaccione, ni mate) a los demás; pero nadie tiene derecho a reclamar privilegios por el simple hecho de ser devoto de una u otra de las muchas religiones del mundo”.

Es cierto que ya la libertad religiosa ha obtenido estatus en las disposiciones internacionales vinculantes en materia de Derechos Humanos, por lo cual resulta necesario compatibilizar dicho marco con el fenómeno del estado laico, que consagra un Estado garantista de esa libertad, pero también respetuoso de las distintas creencia o aconfesiones existentes. Lo que sí está claro, es la separación entre el Estado y esas creencias, o la diferencia entre ética privada de carácter religioso y la ética pública laica. El funcionario tiene una obligación constitucional y legal y en ese marco sus consideraciones religiosas pertenecen al ámbito de su íntima privacidad, no de su “extimidad”.

CARACTERISTICAS DE LA LAICIDAD

1. Separación nítida entre el poder civil y religioso

2. Rechazo a institucionalizar los organismos religiosos.

3. No interferencia del Estado en el fenómeno religioso

4. La laicidad es la garantía de la libertad religiosa en régimen de pluralismo confesional y cultural.

5. Obligación del Estado en mantener una igualdad de trato y equidistancia con respecto a todas las creencias.

La laicidad se entiende desde el principio del pluralismo y tiene su razón de ser en un contexto multicultural y plural. El estado laico es contrario no sólo a la confesionalidad del Estado sino a cualquier identificación ideológica. La laicidad implica un régimen de pluralismo confesional y cultural y es el límite y la condición del pluralismo. Aparece también como una precondición del principio democrático de integración y apertura a todas las opciones. El libre desarrollo de la persona en toda su capacidad mediante el ejercicio de los derechos fundamentales necesita de un pluralismo que no signifique una remisión a dogmas o ideologías, lo cual conduce inevitablemente a cuestionar la constitucionalidad de los preceptos que otorgan un trato de favor a la religión católica mayoritaria con respecto a otras religiones. Hay incompatibilidad del Concordato con el laicismo.

EN EL MUNDO

La Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789: “Nadie debe tener miedo por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley”. La Declaración Universal de los DDHH y el PIDCYP también consagran la libertad religiosa, de cultos y de conciencia.

El caso Leyla Sahín vs. Turquía por no dejarla entrar a clases con el hijab o pañuelo islámico. El TEDH apoyó a Turquía. Hay casos sobre el uso del Nikab, Burka y Chador. En España el caso Pozuelo de Alarcón. Francia prohíbe el niyab en espacios públicos y hay todo un debate al respecto.

El TEDH (Lautsi vs Italia) prohibió la utilización de símbolos religiosos en centros educativos públicos.

Se prohíben crucifijos en las aulas de colegios públicos (no el crucifijo colgado del cuello, como el caso de la azafata de Lufthansa).

Las características para adoptar una tradición por parte de un Estado laico son: 1) Esta práctica cultural debe ser compartida por el grupo; 2) debe ser esencial para la construcción cultural y para la identidad de sus miembros. 3) Si la práctica dejase de realizarse sería una grave amenaza para la existencia de ese grupo. 4) Cualquier práctica cultural debe ser ponderada junto a otros valores y puede estar sujeta a limitaciones (caso campana católica o cánticos evangélicos). Y 5) Su ejercicio no debe causar daño a otras personas.

Otros temas manejados desde AVALL y Europa Laica:

-Apostasía: la persona apostata de la religión católica en la cual fue bautizado, sin tener conciencia.

-Matrimonios: las personas no necesariamente deben casarse por el rito religioso, sino que debe sr el estado el que regule estas uniones, que pueden ser entre personas del mismo sexo o de la comunidad LGBTI.

-Celibato, pederastia, pedofilia. El tema es recurrente y hay estudios desde el sicoanálisis que demuestran que el celibato puede generar perversiones y conductas anómalas que concluyen con esos delitos.

-Evolucionismo vs creacionismo (Bosón de Higgs). El tema de la educación parte de un currículo donde se reconozca uno u otro tipo. El Estado laico debe defender el evolucionismo darwiniano y posterior, por encima del pensamiento mágico. Si los padres quieren ese pensamiento para sus hijos, deberán optar por la educación confesional privada (colegios del Opus Dei, por ejemplo).

-Donación de órganos y cuerpos a la ciencia. Hay tensiones en el mundo de creyentes en torno a si es dable autorizar dichas donaciones para personas que requieran un riñon, un pulmón o un corazón, entre otros órganos. Ya en países avanzados es normal que las personas dejen su autorización escrita para que ello ocurra y preste un invaluable servicio a la vida de otros seres que lo necesitan.

-Objeción fiscal y tributación iglesias. Recientemente el caso MIRA llenó las portadas de los medios de comunicación. Las iglesias como ONGs deberán tributar como lo hace cualquier corporación privada y no deberán estar exentas fiscalmente. Algunos sostienen que las iglesias son un negocio más, que con ánimo de lucro deben estar sujetas al régimen de sociedades comerciales.

-Libertad de pensamiento vs. Libertad de religión. Tienen órbitas distintas, aunque puedan haber puntos de intersección.

-Crear Colombia Laica y América Latina Laica. Para la defensa del laicismo urge la creación de estas organizaciones que estudien a fondo el tema y señalen pronunciamientos.

-La teología de la liberación. Un punto de especial interés es el estudio de esta doctrina y práctica, pues tienen muchos puntos de conexión con los movimientos defensores de DDHH y hasta con un sector de la insurgencia.

-Cementerios. No pueden ser manejados por la Iglesia Católica.

-Vocaciones europeas en cero. Las parroquias en Europa han tenido que importar curas latinoamericanos, pues los jóvenes del viejo continente no son atraídos para el sacerdocio.

-Hospitales, escuelas, guarniciones militares, aeropuertos, cárceles: curas y capillas. En un Estado laico no podrían haber centros de cultos, ni mucho menos oficiantes pagados, en estos sitios públicos. Cada quien que profese una confesión deberá acudir a su centro de culto respectivo, que no puede quedar en esas instalaciones públicas. Una salida transicional podría ser el establecimiento de horarios para que todas las confesiones y aconfesiones realicen sus actividades particulares en ese sitio oficial.

-Caso de Vladimiro (Concejal cristiano) y Gámez (pastor): asesino y violador. No puede existir régimen exceptivo para ministros de cualquier culto que cometan delitos.

-Bush: lenguaje pramente cristiano: hablaba del eje del mal.

- Franco: dictó Ley contra masones y comunistas

DOS CASOS DE DEFENSA DEL LAICISMO

A continuación presento dos casos, uno contra la existencia de una capilla católica en la UPTC y el otro contra el Decreto que estableció las clases de religión en los colegios de Colombia.

CASO CAPILLA UPTC. ACTOR: NESTOR MORENO. (Actual: Alexander Castillo)

Las pretensiones se centraron en:

-Ordenar a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, representada por su rector, a revocar la entrega de la “capilla” de la UPTC exclusivamente a la Iglesia Católica y de la Oficina ubicada en el edificio Central de Tunja (primer piso), abriendo una convocatoria para todas las confesiones o no y organizaciones universitarias que deseen utilizar la capilla y la oficina para sus labores.

-Conformar una comisión de seguimiento de la sentencia conformada por el actor popular, la Defensoría del Pueblo, Asoprofe-UPTC y ASPU.

REGLAS CONSTITUCIONALES Y CON RESERVA DE LEY ACERCA DE LA

SEPARACIÓN IGLESIA - ESTADO Y EL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

El derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, experimentó una profunda transformación con la expedición de la Constitución de 1991, pasando el Estado colombiano de ser confesional católico, a ser un Estado laico, con el deber de ser neutral en materia religiosa, dentro de una formulación que incluye el derecho a las posturas agnósticas o a las ateas. La fórmula del artículo 19 es muy sencilla contiene básicamente tres garantías:

· La de profesar libremente cualquier religión o culto

· La de difundir libremente cualquier religión o culto, de forma individual o colectiva

· La libertad de cultos, es decir, "el derecho de toda persona a celebrar las ceremonias, ritos o actos propios de las convicciones religiosas que profesa", en tanto aspecto externo de la libertad religiosa

La Corte Constitucional ha definido y precisado el contenido de este derecho en bastantes ocasiones. Se recoge aquí la fórmula contenida en la sentencia T-823 de 2002, en la que se incluyó dentro de la órbita del derecho, el derecho a no creer en nada. Precisó allí la Corte en el curso de su argumentación, que el derecho a la libertad religiosa es el "que le permite a cada persona de forma independiente y autónoma, creer, descreer o no creer en una determinada religión como medio de separación entre lo sagrado y lo profano, reconociendo a cada hombre su derecho a mantener la integridad de sus creencias, de alternar sus convicciones religiosas o de asumir posturas ateas o agnósticas " , con lo cual se incluía dentro del ámbito de protección a las posiciones ateas, que de análoga forma a como acontecía con las posiciones jurídicas de la abstención respecto de los derechos políticos, habían sido históricamente relegadas.

A. El derecho de libertad religiosa, los derechos de los individuos y de las minorías

En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución, el artículo 6 de la Ley 133 de 1994, Estatutaria de la libertad religiosa y de cultos, precisó el contenido de este derecho fundamental en las siguientes garantías:

· La de profesar cualquier creencia, cambiarla, abandonarla o no profesar ninguna.

· La de practicar actos de oración y culto, de modo público o privado, individualmente o en grupo.

· La de recibir sepultura digna, con observancia de los ritos y preceptos de la religión escogida.

· La de contraer y celebrar matrimonio de acuerdo a su religión y obtener efectos civiles para el mismo.

· La de no ser obligado a practicar actos de culto contrarios a las propias convicciones.

· La de recibir asistencia religiosa de su confesión, así como recibir o impartir enseñanza de la misma.

· La de elegir la educación religiosa y moral según propias convicciones.

· La de no ser discriminado en el trabajo o en cargos públicos en virtud de las preferencias religiosas.

· La de reunirse y asociarse para desarrollar actividades religiosas.

Sin embargo, y a pesar de la amplia determinación de las garantías, quedaba por establecer en la práctica, el alcance de los derechos de las minorías en medio de una mayoría católica dominante, así como el papel del Estado respecto de los derechos de esas minorías. Esta tarea, básicamente desarrollada por la jurisprudencia, fue trabajada fundamentalmente en tres escenarios jurídicos: desde el derecho de la igualdad de trato a los individuos y a las comunidades distintas de la católica; desde el principio de separación entre las iglesias y el Estado; y desde el despliegue de los principios del Estado laico fijados por la Corte Constitucional, como son el principio de neutralidad y el de prohibición de la persecución por motivos religiosos, todo ello bajo el entendido de la regla según la cual, "los derechos constitucionales no pueden ser disueltos en un cálculo utilitario sobre el bienestar colectivo, ni pueden estar sometidos al criterio de las mayorías, ya que esos derechos son precisamente limitaciones al principio de mayoría y a las políticas destinadas a satisfacer el bienestar colectivo". Desde la anterior perspectiva, se reconstruyen los momentos fundamentales de la línea jurisprudencial.

B. La igualdad de trato entre las iglesias y la neutralidad del Estado en materia religiosa. El Estado laico.

Desde el artículo 19 de la Carta, la Corte Constitucional ha articulado una serie de protecciones, en desarrollo de los principios de igualdad de trato jurídico entre las distintas iglesias y confesiones y desde el principio de neutralidad del Estado colombiano en materia religiosa, en el despliegue de una línea jurisprudencial que ofrece como los momentos más relevantes los siguientes.

1. La fundación de la línea jurisprudencial. La Sentencia C-027 de 1993, sobre el Concordato

Esta es la sentencia fundadora de la línea jurisprudencial sobre este derecho, siendo adicionalmente, uno de los fallos más importantes de la jurisprudencia, dentro de la tarea del establecimiento de un Estado laico y pluralista en Colombia. Como se mencionó, la Constitución de 1886 hizo del Estado colombiano, una institución confesional, que adicionalmente entregó aspectos neurálgicos de la vida estatal a una sola confesión religiosa, la católica, lo que se hizo a través del Concordato.

Ocurrió, sin embargo, que expedida la Constitución de 1991, numerosos ciudadanos demandaron la constitucionalidad tanto de la Ley 20 de 1974, como del tratado público contenido en ella, es decir, del Concordato. Para poder resolver de fondo, la Corte Constitucional tuvo que trabajar el problema de la competencia para ejercer el control, sobre un tratado público perfeccionado durante la vigencia de la Constitución de 1886, que adicionalmente había sido objeto de fallo inhibitorio por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia de febrero 12 de 1987. Al respecto, la Corte sostuvo como tesis central, que las normas vertidas en la Ley 20 de 1974, aunque perfeccionada antes de 1991, "ofrecen la especial connotación de referirse al ius cogens del derecho internacional que ampara los Derechos Humanos y que los coloca en la cima de la jerarquía normativa internacional. Por esta razón (...) los actos acusados han de ser examinados a la luz de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos con el fin de verificar si se ajustan o no a ellos", con lo cual se refería el ejercicio del control desde el Bloque de Constitucionalidad.

Afirmada la competencia para hacer control sobre el tratado, la Corte evaluó la constitucionalidad del articulado. Fueron así examinados los XXXII cánones, así como el protocolo final, relacionado con los artículos VII, VIII y IX del instrumento. Se precisan a continuación los cánones declarados inexequibles. Estos fueron:

a. El articulo VI, que le permitía a la Iglesia Católica el dominio sobre la vida espiritual y cultural de los indígenas, mediante la adopción de "planes".

b. El artículo VIII, que permitía el dominio eclesiástico sobre el matrimonio y la familia. Al respecto la Corte diferenció entre la indisolubilidad del vínculo eclesiástico y los efectos civiles del matrimonio, permitiendo la cesación de estos.

c. El artículo IX, que fijaba competencias funcionales, por encima de lo dispuesto por la legislación civil y de la ordinaria. La inexequibilidad fue declarada, por haber sido violadas las competencias privativas del Congreso de la República.

d. El artículo XI, que ordenaba destinar fondos del presupuesto nacional, para el sostenimiento de planteles educativos católicos. La Corte declaró la inexequibilidad, invocando el artículo 355.1 de la Constitución, que suprimió los auxilios o donaciones estatales a cualquier persona de derecho privado.

e. La declaratoria de inconstitucionalidad del artículo XII es tal vez la más importante de todas. La norma establecía que la formación religiosa católica sería obligatoria en los establecimientos oficiales de enseñanza primaria y secundaria. La Corte la expulsó del sistema, por violar los derechos a la igualdad, libertad religiosa y el derecho a la libertad de educación.

f. El artículo XIII, al igual que lo había hecho el VI con los indígenas, permitía un "servicio" de la Iglesia Católica a la comunidad en las "zonas marginadas", mediante contratos. La Corte, tras agradecer la filantropía, declaró la inexequibilidad del "servicio", por ser violatorio de la igualdad.

g. Los artículos XIV y XV planteaban cogobierno civil y eclesiástico en asuntos tales como la designación de obispos y arzobispos, así como para la fijación de circunscripciones eclesiásticas. La Corte declaró su inexequibilidad, por establecer diferencias de trato a favor de los católicos y por vulnerar el derecho a escoger profesión, arte u oficio.

h. El artículo XVI que disponía "la mayor celeridad posible" para la conversión de las "jurisdicciones misionales" en diócesis, fue declarado inconstitucional, en atención a que el régimen concordatario de las misiones, había sido ya declarado inexequible al examinar los artículo VI y XIII del instrumento.

i. El artículo XVII permitía el funcionamiento de la Vicaría castrense, destinada a la "atención espiritual" de los miembros de las Fuerzas Armadas, de conformidad con normas y reglamentos dictados desde el Estado Vaticano. La institución por vulnerar el derecho a la igualdad religiosa y de cultos.

Los artículos XIX y XX, preveían fueros de juzgamiento especiales para clérigos, religiosos y obispos en procesos penales, así como competencia especial en los procesos civiles. Se llegaba incluso a permitir juicios privados, con lugares privilegiados de reclusión, todo lo cual fue declarado inexequible.

j. El artículo XXII contenía una gigantesca arbitrariedad, al calificar de plano como delito de usurpación de funciones públicas, el hecho de asumir funciones eclesiásticas, como por ejemplo, dar misa sin ser sacerdote. La Corte declaró la inexequibilidad, por violación del artículo 150 de la Constitución.

k. Finalmente sobre los artículos XXVI y XXVII, fueron hechas declaratorias parciales de inexequibilidad, con carácter condicional. Se mantuvo sin embargo la obligación del pago de indemnizaciones establecidas a favor de la Iglesia Católica por el Concordato de 1887, declarando la inconstitucionalidad de las obligaciones derivadas del Convenio sobre Misiones. En lo que tuvo que ver con el manejo y propiedad de lo cementerios, la Corte mantuvo la exequibilidad del artículo XXVII, entendiendo sin embargo que "por la función que cumplen prestan servicio público y por ello han de estar al acceso de la comunidad, sin distinciones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lugar, religión, opinión política o filosófica", con lo cual se ponía fin a una práctica centenaria por la cual algunos sacerdotes, se negaban a permitir el entierro entre otros, de suicidas, homosexuales o prostitutas.

En los anteriores términos, La Corte Constitucional declaraba la inexequibilidad de algunas de las normas concordatarias, fundando la línea jurisprudencial y argumental de asegurar el principio de igualdad entre las distintas confesiones e iglesias, la neutralidad del Estado en materia religiosa y su carácter de Estado laico.

2 La Sentencia C-350 de 1994 y la inexequibilidad de la consagración del Estado colombiano al sagrado corazón de Jesús.

Si bien la sentencia sobre concordato tuvo el gran valor de haber roto parte de las ataduras jurídicas del Estado colombiano con una única iglesia, es la Sentencia C-350 de 1994 una de las más importantes, en la medida en que además de evaluar la constitucionalidad de los elementos simbólicos de la religión en el Estado, definió de modo preciso, la separación entre el Estado y la Iglesia, al reafirmar al colombiano como un Estado laico, neutro en materia religiosa.

El asunto tuvo que ver con la demanda de inconstitucionalidad propuesta en contra de la Ley 33 de 1927. Por la cual se asocia la nación a un homenaje y se ordena la terminación de un monumento, y de la Ley 1a de 1952, Por la cual se conmemora el cincuentenario de la consagración oficial de la República de Colombia al sagrado Corazón de Jesús y se declara una fiesta nacional. El referente era la constitucionalidad de la consagración del Estado al sagrado corazón de Jesucristo, hecha en el año 1902, así como la renovación del voto hecho por el gobierno de entonces, ya que desde ese día "la Nación colombiana ha recibido grandes beneficios y extraordinarias muestras de la providencial protección del salvador del mundo". En concreto, las normas demandas disponían, además de la renovación de la consagración, la obligación del Presidente de la República, de asistir, en condición oficial, cada año a la Iglesia Católica, a renovar la consagración, en lo que fue designado como un acto de "acción de gracias".

Evaluados los cargos de los accionantes, la Corte encontró que las normas demandadas violaban el derecho a la igualdad, ya que "La Constitución de 1991 ha conferido igual valor jurídico a todas las confesiones religiosas, independientemente de la cantidad de creyentes que estas tengan. Se trata de una igualdad de derecho, o igualdad por vinculación o equiparación, con el fin de preservar el pluralismo y proteger a las minorías religiosas", señalando como argumentos la decisión del constituyente, el cambio acontecido en el modelo constitucional y el carácter pluralista de la nueva Carta. En lo que tuvo que ver con el segundo de los temas centrales, es decir, con el del papel de la religión frente al Estado Social de Derecho, la Corte, tras examinar las formas posibles de relación entre el Estado y las confesiones religiosas, sostuvo como tesis, que "el constituyente de 1991 abandonó el modelo de regulación de la Constitución de 1886 -que consagraba un Estado con libertad religiosa pero de orientación confesional por la protección preferente que le otorgaba a la Iglesia Católica-, y estableció un Estado laico, con plena libertad religiosa, caracterizado por una estricta separación entre el Estado y las iglesias, y la igualdad de derecho de todas las confesiones religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico" (resaltado fuera de texto). En este sentido, se declaró la inexequibilidad del artículo 2 de la Ley 1 de 1952, que renovaba la consagración eclesiástica del Estado, con la participación del Jefe de Gobierno.

3. La Sentencia T-269 de 2001 y el derecho a la igualdad de trato en materia tributaria entre las iglesias

El tema de la discriminación por favorecimiento fiscal a la Iglesia Católica, ya tratado en la Sentencia C-027 de 1993 sobre Concordato, ha resultado recurrente, pues fallos de tutela han tenido que reexaminar la misma cuestión. Dentro de esta línea, la Sentencia T-269 de 2001 es un buen momento en el tratamiento de los derechos a la igualdad de trato jurídico entre las distintas iglesias y de la neutralidad del Estado en materia religiosa.

La cuestión de fondo, acontecida en mayo de 2000, tuvo que ver con la solicitud elevada por los miembros de la Iglesia Cristiana Pentecostal, a la Corporación Autónoma Regional para la defensa de la Meseta de Bucaramanga, de acuerdo con la cual solicitaban, les fuese otorgada la misma exención en el pago de la sobretasa ambiental, que le había sido otorgada a la Iglesia Católica, en virtud del Concordato. Al contestar la petición, la Corporación Autónoma se negó a otorgar la exención, alegando la exclusividad del beneficio a la Iglesia Católica. Llevado el caso a los jueces de tutela, estos confirmaron la negativa, reafirmando la exclusividad del privilegio.

Llevado el caso a la Corte Constitucional, ésta diferenció entre la violación de la igualdad por trato discriminado basado en razones religiosas (plano individual), y el derecho a la igual libertad de todas las confesiones religiosas ante la ley (plano social), afirmando desde allí, la existencia de un derecho colectivo fundamental a la libertad de cultos, que prohíbe dicha discriminación entre sujetos colectivos, enunciando desde allí la pregunta jurídica: ¿existe una discriminación por omisión de trato igual entre las diversas colectividades religiosas en materia de exenciones tributarias?

La Corte trabajó dos frentes, el uno sobre materia tributaria, y el otro, desde su propio precedente, a) Desde la normatividad tributaria, la Corte recordó que las exenciones son de iniciativa exclusiva del Presidente, señalando que la correcta lectura del artículo 154 de la Constitución "impide, tratándose de exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales, que sea el legislador, sin iniciativa gubernamental previa, o la Corte Constitucional por vía de tutela, quienes otorguen la mencionada exención a otras confesiones religiosas e iglesias"; y b) Desde su precedente y en relación con los beneficios tributarios concedidos a la Iglesia Católica por la Ley 20 de 1974 sobre Concordato, la Corte reiteró el derecho a la igualdad de trato entre las distintas confesiones en materia fiscal, para lo cual entendió que debían cumplirse varios requisitos, a saber: Que el Gobierno propusiera la exención; que la cree el Congreso; que su titular tan solo puedan serlo las iglesias o las confesiones religiosas; y que haya acontecido el trámite de un acuerdo entre la respectiva iglesia y el Gobierno. Al considerar la situación desde las anteriores reglas, encontró la Corte, que la Iglesia Pentecostal no había realizado con el Gobierno ninguno de los acuerdos previstos en la Ley 133 de 1994, ni había solicitado por medio de su representante legal los beneficios tributarios que sí ostenta la Iglesia Católica. En este sentido, la Corte negó el amparo, a pesar de la discriminación y de la manifiesta violación del derecho a la igualdad. No obstante, ordenó enviar copia del fallo a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y de Justicia y al Ministerio de Hacienda.

4. La Sentencia C-152 de 2003 sobre la Ley María y la confirmación línea jurisprudencial

La línea jurisprudencial que sostiene la tesis del derecho a la igualdad de trato entre las distintas iglesias, así como la neutralidad del Estado en materia religiosa, fue ratificada nuevamente por medio de la Sentencia C-152 de 2003, que examinó la constitucionalidad del título de la Ley 755 de 2002 Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del trabajo—Ley María. El título de esta norma, como Ley María, que estableció en Colombia el derecho a la licencia remunerada de paternidad, fue demandado, pues en opinión de los demandantes, vulneraba el principio de unidad de materia, ya que las modificaciones que se introduzcan al Código Sustantivo de Trabajo, nada tienen que ver con la denominación de Ley María otorgada en el título.

La Corte, inexplicablemente, en lugar de preguntarse si se vulneraban o no los principios de igualdad entre las distintas confesiones y el de neutralidad del Estado en materia religiosa, tendenciosamente formuló una pregunta que no atendía al problema jurídico del caso. Se preguntó: ¿Puede el legislador denominar una ley, en particular, darle el nombre de "Ley María "?, enfocando así el estudio en un asunto marginal.

El fallo, tiene sin embargo dos momentos que vale resaltar: el uno, relacionado con la reconstrucción que de la línea jurisprudencial sobre el tema hace la Corte; y el otro, que permite señalar los seis criterios que no pueden ser desconocidos por el legislador al regular materias religiosas, que bien puede operar como un test constitucional. En la que puede ser considerada como la tesis central del fallo, dispuso la Corte la constitucionalidad del título demandado, al señalar que "El criterio empleado por la Corte para trazar la línea entre las acciones constitucionalmente permitidas al Estado en materia religiosa tiene que ver con el propósito o finalidad buscada por las autoridades públicas en su intervención, no pudiendo la medida desconocer los principios de separación entre las iglesias y el Estado, así como los principios de pluralismo religiosos e igualdad de todas las confesiones ante la ley que le imponen al Estado laico el deber se ser neutral frente a las diversas manifestaciones religiosas". Siendo esto así, entonces el problema central queda enfocado, en lo que legítimamente pueda o no hacer el Estado con su legislación en materia religiosa, para lo cual y la Corte precisó seis criterios que limitan la acción estatal sobre la matera;

a. El Estado no puede fijar una religión o iglesia oficial,

b. El Estado no puede identificarse ni formal ni explícitamente con una religión,

c. El Estado no puede hacer adhesión a ninguna creencia, religión o iglesia,

d. El Estado no puede avocar la toma de decisiones o medidas que tengan una finalidad estrictamente religiosa.

e. El Estado no puede adoptar políticas o acciones para promover, beneficiar, o perjudicar a una religión o iglesia.

f. El Estado no puede hacer uso de la connotación religiosa única y necesaria que preserve una determinada confesión o religión.

ARGUMENTOS

Es evidente que la UPTC es una Universidad Pública del orden Nacional y sus bienes inmuebles deben estar en función de la laicidad del Estado, y no de una determinada confesión, por muy respetable y mayoritaria que sea, por lo cual cualquier organización confesional o no puede utilizar la “capilla” y la Oficina hoy utilizadas exclusivamente por la Fe católica. Por lo tanto, con la conducta asumida por la actual Administración de la Universidad se están vulnerando los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio cultural de la Nación y los derechos de consumidores y usuarios.

DERECHOS COLECTIVOS VULNERADOS

-Defensa del patrimonio público: la UPTC está ubicada en un inmueble del Estado y por tanto debe estar orientado a los fines misionales de la educación pública, que habla del pluralismo religioso. Al entregarse la capilla y la oficina a una sola religión se está violando este derecho colectivo.

-Moralidad administrativa: se sustenta en que es inmoral sancionar a las demás religiones o no religiones por no ser las mayoritarias en Boyacá.

-Defensa del patrimonio cultural de la Nación: la UPTC está ubicada sobre un antiguo cementerio Muisca, etnia más antigua que la aparición del cristianismo y merece todo el respeto institucional.

-Derechos de los consumidores y usuarios: se está satisfaciendo únicamente el “mercado” religioso católico, sin que se beneficie a los demás usuarios y consumidores de otras religiones y pensamientos.

El resultado de este proceso es que el juez determinó que quien tenga otras convicciones religiosas puede perfectamente hacer sus oraciones en otras partes del campus o de la ciudad, sin perjudicar a la capilla. Sobra decir que fue un juez católico quien emitió el fallo.

NULIDAD CLASES DE RELIGIÓN

Este es otro de los casos que presento como esenciales para tratar este tema.

PRETENSIONES

Aquí solicité se declarara la nulidad de los artículos 2 y 4 del Decreto Nº 4500 de 19 de diciembre de 2006 del Ministerio de Educación Nacional, “Por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 1994”, suscrito por el Presidente de la República y la Ministra de Educación Nacional.

Los textos impugnados son:

Artículo 2. El área de Educación Religiosa. Todos los establecimientos educativos que imparten educación formal, ofrecerán, dentro del currículo y en el plan de estudios, el área de Educación Religiosa como obligatoria y fundamental, con la intensidad horaria que defina el Proyecto Educativo Institucional, con sujeción a lo revisto en los artículos 68 de la C.P.N., 23 y 24 de la Ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 1994.

Artículo 4. Evaluación. La evaluación de los estudiantes en la educación religiosa hará parte de los informes periódicos de evaluación y del informe general del desempeño de los estudiantes y será tenida en cuenta para su promoción. En todo caso, al estudiante que opte por no tomar la educación religiosa ofrecida por el establecimiento educativo se le ofrecerá un programa alternativo el cual deberá estar previsto en el PEI con base en el cual se le evaluará.

HECHOS

El Gobierno Nacional mediante Decreto 4.500 de 2006 en su art. 2º estableció que en “todos los establecimientos educativos que imparten educación formal, ofrecerán, dentro del currículo y en el plan de estudios, el área de Educación Religiosa como obligatoria y fundamental, con la intensidad horaria que defina el Proyecto Educativo Institucional…” (subrayo), con lo cual se vulneran los principios básicos de la Constitución Política Colombiana que erige a nuestro Estado como laico y aconfesional (art. 1), así como el pluralismo político, el art. 27 que señala la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, el art. 41 que sólo circunscribe la obligación en todas las instituciones de educación el estudio de la Constitución y la instrucción cívica, y el fomento de prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana; también el art. 71 C.P. que señala que la búsqueda del conocimiento es libre y no obligatorio.

En el artículo “Educación religiosa, en la encrucijada” publicado por Andrés Garibello en El Tiempo el 19 de febrero de 2007 (pág. 1-2) sobre las implicaciones de este Decreto dijo: “Parte de este debate tiene que ver con la falta de centros de formación para graduar a los nuevos docentes, quienes tienen que enseñar en un marco de pluralidad y diversidad religiosa. En Bogotá, por ejemplo, sólo dos de cada diez docentes de religión de colegios públicos y privados tienen alguna formación para enseñarla, según encuesta que hizo la Coordinación de Educación religiosa del Distrito en 64 planteles. Los pocos que la tienen, no obstante, se han preparado en algunas de las ocho universidades que, según la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, tienen algún programa afín. Al revisar la lista, todos son centros de orientación católica”. (Subrayo) Este comentario es ilustrativo de la carencia de docentes formados en un pluralismo conceptual y que irán a impartir a las aulas proselitismo religioso, pues para eso los prepararon.

El imán Julián Zapata, fundador y Presidente del Centro Cultural Islámico de Colombia expresó: “El problema es que vivimos en un país multicultural y multirreligioso y no se está cumpliendo la Constitución. Lo que se va a imponer es lo que se considera entre comillas la religión de las mayorías. Con este tipo de decreto se sigue incumpliendo la Constitución”.

El Presidente de la Confederación de Padres de Familia de Colombia Carlos Ballesteros dijo: “Es en la familia en donde se fundamentan los valores éticos y morales. El colegio lo que hace es complementar la información para la formación. Personalmente como padre d familia no comparto que se vaya a imponer una cátedra de educación religiosa. Ni en Colombia, ni en muchas regiones de Latinoamérica, existe una persona con la autoridad moral, ni mucho menos ética, para dictarle a otro educación religiosa”.

La Corte Constitucional en sentencia T-421 de 1992 dijo: ”A la luz de la nueva Constitución, no es que exista una regla general de que la religión católica obliga a ser cursada como materia básica, salvo que se solicite ser eximido. Ello violaría la libertad de conciencia. Por el contrario, las instituciones educativas oficiales deben mantener una posición neutral y preguntarle al educando –o a sus padres, si es menor-, al momento de la matrícula, acerca de si desea estudiar o no la asignatura de religión, sin indagar si en efecto profesa o no dicho credo”.

NORMAS VULNERADAS

1. Los arts. 2 y 4 del Decreto 4500 de 2006 del Ministerio de Educación vulneran el artículo 68 párrafo 4 in fine de la Constitución Nacional.

Veamos: El art. 2 del Decreto 4500 de 2006 dice: “El área de educación religiosa. Todos los establecimientos educativos que imparten educación formal, ofrecerán, dentro del currículo y en el plan de estudios, el área de educación religiosa como obligatoria y fundamental, con la intensidad horaria que defina el Proyecto Educativo Institucional, con sujeción a lo previsto en los artículos 68 de la C.P.N., 23 y 24 de la Ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 1994”. (Subrayas nuestras)

El art. 4 ibídem establece la evaluación como base para la promoción del educando.

El artículo 68 párrafo 4 in fine de la Norma de Normas reza: “En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa”.

2. Además con las normas impugnadas se viola el art. 18 de la Lex Legum que dice: “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”; es evidente que con esta norma la persona, en concreto el alumno debe explicitar su convicción religiosa (también se viola el derecho a la intimidad), pues además como lo ordena el artículo 4 del Decreto demandado la materia deberá evaluarse y hará parte de los informes periódicos de evaluación y del informe general del desempeño de los estudiantes y será tenida en cuenta para su promoción, lo cual no deja de ser un despropósito en un Estado laico.

3. El Decreto 4500 de 2006 en sus arts. 2 y 4 viola flagrantemente en todos sus contenidos el art. 19 de nuestra norma Superior que dice: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. En este caso no se garantiza esta libertad, sino que se condiciona a que el discente debe tomar obligatoriamente una clase de religión o de lo contrario podrá verse afectado en su rendimiento académico, lo cual es un desaguisado en un Estado secular como el colombiano.

4. El Decreto 4500 de 2006 en sus arts. 2 y 4 viola el art. 6 literales g) y h) de la Ley Estatutaria 133 de 1994 “Por la cual se desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos, reconocido en el art. 19 de la Constitución Política”, que señalan: La libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre otros, los derechos de toda persona … g) De recibir e impartir enseñanza e información religiosa, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento, a quien desee recibirla; de recibir esa enseñanza e información o rehusarla.

h) De elegir para sí y los padres para los menores o los incapaces bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral según sus propias convicciones. Para este efecto, los establecimientos docentes ofrecerán educación religiosa y moral a los educandos de acuerdo con la enseñanza de la religión a la que pertenecen, sin perjuicio de su derecho a no ser obligados a recibirla. La voluntad de no recibir enseñanza religiosa y moral podrá ser manifestada en el acto de matrícula por el alumno mayor de edad o los padres o curadores del menor o del incapaz”. (Subrayas nuestras).

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional en sentencia C-555 de 1994: “Por lo que se refiere al literal h) del mismo art. 6 del Proyecto de Ley Estatutaria de Libertad Religiosa y de Cultos que se examina en esta oportunidad, la Corte declarará su exequibilidad, bajo el entendimiento de que la libertad religiosa que se reconoce, debe ser plenamente garantizada en el sentido de que en ningún caso se puede condicionar la matrícula del estudiante; en consecuencia se debe respetar lo prescrito en el ordinal g) del mismo artículo que reitera expresamente, con relación a la enseñanza y educación religiosa, el derecho de toda persona a recibirla o a rehusarla… Finalmente, la adecuada formación religiosa, como meta educativa, sólo puede erigirse en objetivo digno de ser perseguido para aquellas personas que libremente acepten recibir dentro de su plan de estudios la anotada educación religiosa, no así para quienes la rehúsen. Si existe libertad para inscribirse en esta clase de cursos, no es posible que con carácter prescriptivo general se postule como ideal educativo la adecuada formación religiosa”.

5. Con el Decreto 4500 de 2006 En sus arts. 2 y 4 se inobserva el parágrafo del artículo 23 del artículo 24 de la Ley 115 de 1994: “La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos educativos, observando la garantía constitucional según la cual, en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla”.

6. Con las disposiciones acusadas se transgrede el art. 24 de la Ley 115 de 1994: “Se garantiza el derecho a recibir educación religiosa; los establecimientos educativos la establecerán sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de educación para sus hijos menores, así como del precepto constitucional según el cual en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa”, (subrayo) que es lo que establece el Decreto en sus arts. 2 y 4.

Este proceso aún está al despacho, sin definición. Lleva 8 años. Como había pedido la suspensión provisional, la Sala se dicidió ehtre conservadores –que no aceptaban la suspensión- y liberales –que sí la aceptaban-. El fallo fue dividido y la norma no se suspendió.

CONCLUSIONES

Es necesario insistir en reivindicar el carácter laico del Estado, como mecanismo de garantía del pluralismo religioso e ideológico, separando la Iglesia o las iglesias del Estado, para que no se vea afectado ese pluralismo. También es exigible el que los funcionarios públicos no comprometan su gestión con su visión omnicomprensiva particular, pues se alteraría el funcionamiento del Estado, respetuoso de todas las formas de pensamiento. Finamente, al mirar los casos de capilla en universidad pública y clases de religión obligatorias en los colegios, observamos que es necesario entrar a desvincular las religiones, por muy respetables que ellas sean, de la función pública y de los bienes públicos, pues de lo contrario habría discriminación negativa contra las otras confesiones o aconfesiones.

REFERENCIAS

-ROUSSEAU, J. (2010). Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y otros escritos. Madrid: Tecnos.

-GRAYLING, A. (2011). Contra todos los dioses. Barcelona: Ariel.

-JAURES, J. (2011) Seamos laicos. Educación y laicidad. Madrid: Trama

-RUSSELL, B. (1975) Por qué no soy cristiano. Barcelona: Anagrama.



[1] Doctor en Derecho Universidad Complutense de Madrid. Postdoctor en Derecho Universidad de Valencia. Director del Centro de Investigaciones Facultad de Derecho UPTC.

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