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Apostillas sobre drogas, prohibición y lumpenización política

por René Báez (Ex decano de Economía de la PUCE)
 

El narcotráfico puede ser asociado a la figura de Jano, el personaje de la mitología romana que tenía dos caras, únicamente que en lo que concierne a las implicaciones de la producción y trasiego contemporáneos de sustancias psicoactivas habría que aludir más bien a los mil rostros de ese fenómeno.


En una visión impresionista de los complejos tópicos señalados acaso convenga destacar aspectos como los siguientes:

La producción y el consumo de alucinógenos no corresponden a realidades recientes. Por el contrario, y conforme apunta A. Escohotado en su libro Las drogas (1994), tales prácticas han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, conforme demostrarían diversas investigaciones arqueológicas y antropológicas sobre Europa, Asia Menor y China. A lo anterior, habría que agregar que en los tiempos prehistóricos las pócimas que “hacían olvidar cualquier dolor” (Homero), estaban reservadas a los gobernantes, cortesanos, militares de alto rango y brujos de las tribus. Algo similar habría acontecido en el continente americano donde, según cronistas de la conquista del Incario, el consumo de los subproductos de la coca habría tenido inicialmente un carácter selectivo.

La “occidentalización” del mundo que comenzara en el siglo XVI con la conquista, la colonización y el saqueo europeos de África y las Indias Occidentales, en un operativo mercantil salvacionista aupado por el papado (D. Ribeiro), supondrá esencialmente la implantación en los territorios ocupados de la razón instrumental, es decir, de las dinámicas fuerzas del dinero y la ciencia positiva/experimental, potentes instrumentos que marcarán un proceso de progresiva mercantilización de las relaciones políticas y sociales, inicialmente bajo comando de España y Portugal, luego de Holanda y posteriormente de Inglaterra a lo largo del siglo XIX.

Para ilustrar sobre el crucial rol de las drogas psicoactivas en ese movimiento civilizatorio falsamente salvacionista aparece suficiente rememorar episodios tan repulsivos como la Guerra del Opio, que tuviera lugar a mediados del XIX, mediante la cual la Corona británica consolidó su dominación de la milenaria China. En aparente contradicción con el postulado metropolitano de la libertad de comercio, la supremacía económica inglesa se afianzó con la ilegalización del consumo del opio a los nativos del Celeste Imperio, lo cual, por cierto, elevó verticalmente las ganancias tanto de los productores internos como de los externos, ambos controlados por los colonialistas.

Ya en el siglo XX, el protoimperialista Estados Unidos retomará el expediente prohibicionista mediante la aprobación por el Congreso de la ley Harrison o ley Seca (1919). Un instrumento normativo cuya vigencia, lejos de coadyuvar a la moralización de la sociedad norteamericana de conformidad con los cánones de las sectas puritanas que lo promovieron, sirvió sobre todo para fundamentar la persecución de los migrantes y minorías étnicas, estimular el consumo de licor y estupefacientes, enriquecer a la banca y a los grupos mafiosos, incubar las primeras formas del crimen organizado bajo el mando de gansters legendarios como Al Capone y “Lucky” Luciano, así como fomentar la corrupción de funcionarios públicos (jueces y policías incluidos). Cabe relievar que la derogatoria de la ley Harrison (1933) no supuso el colapso de los entes criminales, que se reinventaron adaptándose a nuevas líneas de producción y comercio ilícitos. E incluso, articulándose a “guerras sucias” como la sustentada en la French Conection, planeada por agencias de la seguridad estadounidenses para que, en la inmediata segunda posguerra, “familias” mafiosas especialmente de origen italiano, con recursos derivados del comercio clandestino de heroína, emprendieran contra el sindicalismo de izquierda europeo.

La actual cruzada antidrogas de Estados Unidos no es más que el disfraz o coartada de una estrategia recolonizadora. ¿Cuáles las razones?

Noam Chomsky, en un estudio titulado “Washington: el principal gobierno terrorista del mundo” (1998), escribe: “A Estados Unidos no le importa si un país tiene una democracia formal u otro régimen. Le interesa que se supedite a su sistema de dominación mundial. El principio fundamental es: ¿permitirá un país que se le robe?, ¿permitirá que las corporaciones extranjeras y la banca inviertan y exploten a su voluntad? Si lo permite, puede tener el sistema político que le plazca: puede ser fascista, comunista, lo que quiera… Pero si un país comienza a dirigir sus recursos hacia su propia población entonces debe ser destruido”.

En lo que concierne a América Latina, esta cruda estrategia de Washington tendría hitos como los siguientes:

En 1962 el demócrata John F. Kennedy redefinió su política exterior latinoamericana en términos de que los ejércitos de la región ya no serían los encargados de la defensa territorial de los países de nuestra subAmérica, sino que estarían a cargo de la seguridad interior, término que en el código del Pentágono no significa otra cosa que una declaratoria de guerra a sus respectivas poblaciones. Una suerte de guerras patrias “al revés”.

Profundizando en esa nueva línea político/militar/económica, el republicano Ronald Reagan dispuso, en 1982, la Guerra contra las drogas, definiéndola como un objetivo urgente para la Seguridad Nacional, confrontación que, a pretexto de controlar el ingreso de cocaína a territorio estadounidense, configuró nuevos sujetos sociales a neutralizar, primordialmente los campesinos arruinados por el aperturismo neoliberal, los carteles no-cooperantes y los microtraficantes del Sur del Río Grande, tipificados en genérico como narcoguerrilleros. Cabe destacar que el discurso de la drogadicción como un problema de salud pública –que, por cierto, en estos tiempos lo es incluso en dimensiones bíblicas- casi en nada ha desbordado el nivel de la retórica en el marco del remozado prohibicionismo de USA.

Después del desplome del Muro de Berlín (1989) y la desintegración de la URSS (1991), el demócrata William Clinton y el conservador “paisa” Andrés Pastrana formalizaron, en el 2000, el Plan Colombia, un multimillonario programa de corte militar, policial y de reformas institucionales diseñado para convertir a la nación sudamericana en cabeza de playa para la apropiación y explotación de los inmensos recursos naturales, energéticos, metalíferos y bióticos de la Amazonía. (1)

Después del memorable 11/S del 2001 y en el marco de la fascistoide Patriot Act, impulsada por el republicano George W. Bush, el filisteo prohibicionismo de las drogas alucinógenas proseguirá bajo las denominaciones de guerra contra el narcoterrorismo y, más recientemente, de lucha contra el crimen organizado. Readecuaciones de la política exterior de USA asumidas por igual por los gobiernos latinoamericanos, llámense estos ortodoxos o “progresistas”.

En los tiempos que corren, signados por la hegemonía del lumpenizado capital financiero en la economía global así como por la suscripción por parte de nuestros países de acuerdos de integración-desintegradora con Estados Unidos, la Unión Europea o la emergente China, no resulta casual que la desestructuración y subordinación de los sistemas productivos regionales haya alcanzado nuevas y temibles cotas.

En estas coordenadas puede explicarse –nunca justificarse- el secreto a voces de la metástasis en estas latitudes del poder político y el narcopoder, cuyas consecuencias emblemáticas soportan actual y paladinamente el México de Enrique Peña Nieto y la Venezuela de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.



(1) A la disección de esta estrategia recolonizadora de Washington y Wall Street dedicamos nuestro estudio titulado La lógica del terrorismo de Estado. (ALAI/2008)

René Báez


EXTRAIDO DE ALAINET http://www.alainet.org/es/articulo/169799

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